En toda democracia, el ejecutivo es responsable ante el legislativo. De ahí que la Comisión y el Consejo de la UE deban ser responsables ante el Parlamento europeo. La extensión de la co-decisión a más áreas gracias al Tratado de Lisboa es un desarrollo muy importante, como la proposición de control por el Parlamento de la comitología (el sistema de los comités, compuestos por funcionarios nacionales de alto rango y de miembros de la Comisión, que elaboran los detalles de la legislación técnica). Pero se deben dar competencias aún mayores al Parlamento, directamente electo, para que las normas iniciadas por tecnócratas en la Comisión y aprobadas por diplomáticos y funcionarios nacionales en el Consejo tengan el sello de la aprobación del pueblo. Del mismo modo, el Parlamento Europeo debe tener el derecho a iniciar legislación, como sucede en todos los sistemas democráticos.