La Comisión ya discute con los interlocutores sociales cuando elabora el derecho de la UE. Queremos que este procedimiento sea institucionalizado lo más posible, asegurando que todos los miembros de la sociedad puedan participar en un proceso de consulta claramente establecido y ampliado antes de que la legislación sea aprobada. Todos los que se vean afectados por una disposición legal deberían poder participar en una discusión durante su elaboración. Esto involucrará a toda la sociedad en el proceso legislativo de la UE, en la elaboración del derecho comunitario que afectará a diario a cada uno de nosotros.